Durango.- En cuestión de un año, Violeta, cuyo nombre fue modificado por razones de seguridad, pasó de enamorarse y ser madre, a convertirse en víctima de violencia doméstica y sentirse perseguida por denunciar a su agresor.
Ella es abogada y trabajadora del Poder Judicial de la Federación (PJF). El padre de su hija, quien nació en enero de este año, es un juez de Distrito, en el estado de Durango.
Violeta llamó la atención del juez porque coincidían en el gimnasio, él investigó su domicilio y con un primer envío sorpresivo de flores comenzó a cortejarla.
Con atenciones y detalles comenzaron una relación que al poco tiempo llevó al embarazo de Violeta y a que ambos acordaran vivir juntos.
En la casa del juez, Violeta sufrió actos de violencia como golpes, insultos y amenazas, entre otros.
Esta situación inició desde octubre de 2020, cuando ella estaba en los últimos meses del embarazo y hasta junio pasado cuando decidió salir de su departamento en pijama, asustada y a punto de ser golpeada por un arranque de celos de su expareja
La separación vino acompañada de un litigio en el que Violeta quedó en total desventaja, y al trabajar en la misma institución que su expareja, la violencia que sufrió en su casa comenzó a afectar laboralmente a la víctima.
“Al principio fue todo un conquistador, me hacía de comer, me mandaba flores al departamento, era una persona totalmente distinta”, contó en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Esta situación me tiene muy mal, he pasado momentos de mucho miedo porque siento encima a los ministerios públicos, a las dos juezas de lo familiar que me han tocado, me siento perseguida y acosada por él, por las instituciones que él ha manipulado (…) Lo único que he hecho es defenderme y ellos lo que han hecho es perseguirme y acosarme institucionalmente”, detalló.
A pesar de que su expareja era celoso de las personas con las que ella se relacionaba en el trabajo, Violeta se dio cuenta de que luego de que tuvo a su bebé, él conversaba en secreto con otras mujeres y cuando lo cuestionó por ello, volvió a golpearla.
“Quería tener el control y yo debía someterme a lo que él me quisiera decir y no preguntar más porque eso era motivo de que me pegara”, contó.
Violeta solicitó ayuda a la Unidad Especializada de Protección a Víctimas de Acoso Sexual en el PJF, donde le recomendaron denunciar la violencia familiar y presentar una demanda de alimentos.
“Esta denuncia me ha costado que en el Ministerio Público me tienen bien ubicada, mi denuncia no se ha judicializado, no le han dado seguimiento a mi asunto”, explicó.
Todo esto generó que su jefe, un magistrado de Circuito del mismo estado comenzara a hostigar laboralmente, alegando que no pone atención en sus funciones dentro del tribunal donde trabaja, que los problemas personales la están rebasando, entre otros argumentos.
Por ello, Violeta solicitó al CJF su cambio de adscripción, lo que significó cambiarse a otro estado, por lo que el juez y padre de su hija la denunció por supuesta sustracción de menores.
“Cuando él presentó una denuncia de supuesta sustracción de la bebé, inmediatamente procedieron, esto significa que no tengo Estado de derecho en Durango y como nada más hay dos jueces de Distrito en la entidad, a él lo ven como máxima autoridad y a mí me tratan como si fuera una delincuente”, reprochó.
“Yo buscaba defenderme, medidas de protección y por eso pedí la ayuda (…) me trataron como si yo quisiera perjudicarlo a él; los medios que el Estado tiene para proteger a las mujeres han sido utilizados en mi contra, me siento perseguida por defenderme”.
Comentó que desde que presentó su denuncia, el juez le advirtió que todo se pondría en su contra, pues amenazó con acusarla de mentirosa, fincarle delitos y ocasionar hasta su baja del PJF.
“La unidad hizo todo lo que en sus posibilidades estuvo para ayudarme, hablaron con mi jefe, le mandaron un oficio para que dejara de hostigarme laboralmente y se calmó por unos días, pero luego empezó de nuevo y sobre él me dijeron que no pueden ni siquiera enviarle un oficio porque no existe una relación laboral entre él y yo a pesar de que se convirtió en un acosador”.
Dentro del procedimiento familiar en el que Violeta alegó violencia, él pidió un régimen de visitas y convivencias y se decretó que la niña, de apenas 10 meses de edad, debía pasar los fines de semana con su papá, durmiendo en su casa, a pesar de que la bebé no ha convivido con él desde que tenía tres meses de nacida.
Debido a que Violeta vive en otro estado, el régimen de visitas y convivencias no ha podido ser cumplido, razón por la que el juez ha amenazado con proceder penalmente y solicitar hasta una orden de aprehensión para obligarla a regresar a Durango.
