Yucatán.- A principios de noviembre de 2022 en Mérida, Yucatán, Julissa, madre que se identifica como una mujer lesbiana, fue interrogada por una trabajadora social del Hospital General Agustín O’ Horán después de dar a luz y presenció el arrebato de su bebé recién nacida y el condicionamiento de la custodia de su hijo de 6 años de edad.
La niña de 15 días de vida fue enviada al Centro De Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Por su parte, desde la instancia se le notificó que el menor tendría que pasar por un interrogatorio para descartar que fuera víctima de violencia.
Según reportaron medios locales desde el 15 de noviembre de 2022, dichas acciones contra la mujer encontraron como motivo discriminación en razón de su orientación sexual. Le dijeron que ser lesbiana no era un buen ejemplo para la y el infante.
Actualmente, Julissa cuenta con la defensoría de la abogada Daryana Quintal. La especialista en derecho asegura que el actuar de la instancia de salud y el Caimede no solo es discriminación por orientación sexual. También es evidente un trato diferenciado por su estatus económico. Julissa se dedica a la albañilería y al trabajo doméstico.
Para recuperar la custodia de su hija, la madre juntó todos los documentos solicitados. Según compartió en una cápsula para NMás, las autoridades no respetaron su periodo de recuperación tras el parto.
«Estuve cargando piedras y chapeado con tal de conseguir los antecedentes no penales. Y pues la verdad no se me hace justo».
Sin embargo, cuando acudió ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (PRODENNAY), no solo no cumplieron con entregarle a la menor.
También le arrebataron al pequeño.
La situación se complicó porque, a causa de dificultades económicas, no cuenta con el acta de nacimiento del niño. Acorde a lo que expresó la abogada, debe esperar a la agenda del Registro Civil para poder estar con su hija e hijo.
«Un abogado de la PRODENNAY le dijo que no pueden entregarle a sus niños porque tienen que esperar que haya fecha en el Registro Civil. Hay muchas mamás que como Julissa no registran a sus hijos por una cuestión económica. En este caso podían apercibirla a que haga el trámite porque también es una negligencia de las autoridades. Pudieron canalizarla a la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) para que se le brinde el apoyo porque es una cuestión de recursos económicos. No tenía por qué quitarle a sus 2 niños y con engaños citarla. ¿Ahora también les quitarán sus hijos e hijas a las personas con preferencias sexuales diferentes?».
El 23 de noviembre de 2022, Ana de Alejandro, integrante de la Red de Madres Lesbianas en México, informó que, desde mediados de mes, Julissa cuenta con el acompañamiento de la organización. A través de su cuenta de Twitter, la activista visibilizó las inconsistencias que hay respecto al caso.
En principio, subrayó que el trato diferenciado es evidente por el condicionamiento para ver al y a la menor de edad. «¿Desde cuándo se pide certificado de heterosexualidad para ejercer la maternidad?», manifestó. «¿Desde cuándo ser pobre y lesbiana son impedimentos para la maternidad?».
En paralelo, la organización hizo público un comunicado en el que demandan la atención a las personas afectadas, así como la implementación de medidas de reparación y no repetición. Asimismo, destacó que, si bien el matrimonio igualitario logró el reconocimiento a nivel federal, son muchos los vacíos que quedan en certezas jurídicas y garantía de derechos para este sector de la población.
Con relación al caso de Julissa, la organización lésbica denunció que también es rastreable negligencia por parte de las instituciones, mismas que se han excusado en ‘el bienestar’ de la y el infante.
«Hacemos de conocimiento público que a la madre se le dijo que, de momento, no hay atención por parte del Registro Civil de Yucatán para registrar bajo el argumento de que “no hay citas”, aun sabiendo que el trámite de registro de nacimiento no lo requiere».
Sumado a lo anterior, la Red de Madres Lesbianas en México exigió:
Incorporación de la y el menor con su familia
Disculpa pública para Julissa
Destitución de la trabajadora social que inició la investigación y de Teresita de Jesús Anguas Zapata, procuradora de la PRODENNAY
Realización de jornadas por parte del Registro Civil de Yucatán para que toda la población tenga acceso a los servicios de registro y reconocimiento de hijas, hijos e hijes.
La Red de Madres Lesbianas en México emitió un comunicado sobre el caso de Julissa. / Foto: Red de Madres Lesbianas en México
La historia de Julissa, madre a la que le arrebataron a su bebé recién nacida e hijo de 6 años por ser lesbiana, es un acercamiento al menoscabo de los derechos de la población LGBT+ en Yucatán. Aunque la entidad presume de oficiar matrimonios entre parejas del mismo sexo/género —de quienes no encuentran trabas para llevarlo a cabo—, en el último lustro este sector de la población ha denunciado y documentado actos discriminatorios.
Las autoridades yucatecas argumentan que los actos realizados son en pro de la niñez. Pero, a la vez, están desconociendo los derechos fundamentales y constitucionales de 3 personas: Julissa, su hija e hijo.
En principio, se pasa de largo el artículo primero de la Constitución Mexicana. Por ende, se desconocen las cláusulas de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y se hace un incumplimiento directo al compromiso que adquirió México al suscribirse a la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979).
En la entrevista que realizó el portal Proyecto Libres, la abogada Daryana Quintal subrayó que también se están cometiendo atropellos contra los derechos que protegen a las infancias. Dicha idea fue replicada por una de las amigas de la afectada.
«[Julissa] tiene 6 años sacando adelante al niño. No lo maltrata y lo lleva a todos lados. Imagínense lo que está sufriendo el niño sin ella y con la ilusión de ver a su hermanita».
Además de Julissa y su abogada, el trato discriminatorio ha causado molestia entre las personas de su vecindario, quienes reunieron más de 60 firmas para hacer un llamado de atención a las autoridades.
¿Qué derechos ven violentados Julissa, su hija e hijo?
En México, el bienestar físico y emocional de la población menor de edad es motor de la actual Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. En ella se establece que se les debe procurar el acceso a la vivienda, educación y salud. Asimismo, enfatiza que este sector tiene derecho a una vida libre de violencia. Para ello, se requiere la colaboración de organismos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
El arrebato de su bebé e hijo que autoridades de Yucatán le hicieron a Julissa por ser una madre lesbiana también expone la vulnerabilidad a la que están expuestos los derechos de las familias lesbomaternales y homoparentales en México.
En 2018, nuestro país dio el paso de reconocer «todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar» en el artículo 11 de la Carta Magna. En este apartado constitucional también se contempla a la figura monomaternal. Es decir: las mujeres (heterosexuales o LBT+) que emprenden la maternidad en solitario. Tal es el caso de Julissa.
