Ciudad Victoria.- Este sábado quedó en libertad Juana Alonso Santizo, migrante indígena de Guatemala quien permanecía en prisión en el penal de Reynosa desde hace 7 años acusada de un delito en un proceso que familiares, autoridades de Guatemala y organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron como injusto.
El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se sumó al llamado que realizó el Presidente de la República el pasado viernes para que se analizara el caso de Alonso Santizo y en consecuencia quedara en libertad.
“Me sumo al llamado hecho por el presidente @lopezobrador_ sobre el caso de la señora Juana Alonzo Santizo. Pido respetuosamente a @FGJ_Tam a que haga una revisión expedita del expediente. Ningún inocente debe estar privada de su libertad” escribió el gobernador.
El Fiscal General de Tamaulipas , Irving Barrios Mojica, firmó una petición de incidente de libertad para solicitar al Juez del Proceso, audiencia para deslindar responsabilidades sobre el hecho en el que se acusó a la migrante y en consecuencia lograr su libertad, situación que ocurrió este sábado.
La Fiscalía también informó que instruyó a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos continuar con la investigación por cuanto a las posibles conductas que pudieran constituir irregularidades y deslindar responsabilidades de los servidores públicos que en el pasado intervinieron en el caso.
Al momento de la liberación de Juana Alonzo Santizo, estuvieron presentes el Cónsul General de Guatemala, Mario René González Bolaños, el Director General de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos, Craig López Olguín, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Olivia Lemus Martínez y Carlos Alberto Pérez Téllez, Director de Control de Procesos en Tamaulipas.
Juana Alonso Santizo, acompañada del Cónsul de Guatemala, Mario René González Bolaños, salieron la mañana de este domingo del aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas, con destino a la ciudad de México para de ahí retornar a su país de origen.
Juanita, como es conocida por organizaciones de la sociedad civil, fue arrestada en Reynosa en noviembre de 2014, a donde llegó para cruzar a Estados Unidos y solo hablando su lengua natal chuuj. Ahora por fin podrá regresar a su país de origen en Centroamérica, tras las vejaciones que padeció en su proceso.
De acuerdo con la fiscalía estatal, se ha realizado una revisión pormenorizada del expediente, además de reuniones con organizaciones defensoras de Derechos Humanos y familiares, así como autoridades de Guatemala.
El Fiscal General Irving Barrios Mojica ha determinado firmar una petición de incidente de libertad para solicitar al Juez del Proceso audiencia para que se deje en libertad a la C. Juana Alonso Santizo
De acuerdo con asociaciones que han acompañado a la migrante, ella esperaba la fecha para cruzar la frontera, pero fue detenida por la Policía Ministerial que la acuso de delitos de secuestro, cuando ella era víctima. Desde entonces permaneció bajo prisión preventiva oficiosa, sin sentencia.
“Los policías me preguntaron sobre mi participación en el secuestro de dos mujeres migrantes y me forzaron a aceptar que yo era parte de un grupo de polleros, aun cuando no podía entender lo que eso quiere decir,” relató Juanita a la Oficina de la ONU para Derechos Humanos en México.
Luego de cuatro años en prisión, aprendí un poco de español y sólo entonces pude entender cuáles eran los cargos contra mí
Juanita no sabía de qué era acusada, buscaba una vida mejor como millones de migrantes, tras salir de San Mateo Ixtatan Huehuetenango. Sus seres queridos y activistas han sostenido una lucha que esperan, se vea traducida en la libertad de la mujer en las próximas horas.
Juana Alonso Santizo cruzó primero la frontera de Chiapas y desde ahí llegó a Reynosa, según el plan acordado con un contrabandista de migrantes, conocido como pollero o coyote. Durante su recorrido ni siquiera pudo comunicarse con el grupo con que iba, no sabía donde estaba. No hablaba español.
Solo le dijeron que estaba cerca de entrar a Estados Unidos. Debido a los puntos de control fronterizos, algunas personas que buscan una mejor vida o son desplazadas por la violencia se ven forzadas a utilizar rutas peligrosas. Pero eso es un riesgo, porque extorsionan o secuestran a los migrantes.
Cuando llegó a la ciudad de Tamaulipas, Juanita y otras dos mujeres que migraban fueron capturadas por el coyote y otros hombres desconocidos en una casa. Ahí fueron obligadas a trabajar para ellos.
Sin embargo, una de las víctimas pudo llamar a la policía y denunciar a quienes las mantenían privadas de la libertad. Cuando estaban siendo rescatadas, las otras dos mujeres acusaron que Juana Alonso Santizo estaba relacionada con los traficantes. Aprovecharon que no podía entender lo que pasaba.
Entonces, la mujer indígena fue detenida y en su interrogatorio no comprendió qué le preguntaban. Juanita ha dicho que en venganza, los agentes la golpearon y le apuntaron con armas de fuego para amenazarla. Finalmente firmó una declaración que la incriminaba.
No había abogados, intérpretes ni recibió atención médica. Durante la declaración ante el juez fue forzada por el agente del Ministerio Público de Tamaulipas a ratificar lo que estaba escrito. Pero las autoridades nunca investigaron sus denuncias de tortura ni le preguntaron cómo se había culpado.
Su familia pudo contactarla hasta abril de 2018. Pero pasaron cuatro años más para que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador actual de la entidad se pronunciaran para que Juanita fuera liberada.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez exigió a las autoridades migratorias que no sometan a Juanita a esquemas adicionales de detención y que se le garantice el acceso a un estatus de estancia regular con tarjeta de visitante por razones humanitarias, pues fue víctima de violaciones a sus derechos humanos.
