Cd. México.- Las versiones públicas de los documentos sobre el caso Odebrecht, de los contratos suscritos con laboratorios para la obtención de vacunas contra el covid-19 y de los convenios celebrados para obtener el software Pegasus son ejemplos de información cuya difusión pública ha sido negada o su reserva fue confirmada en la presente administración federal bajo el argumento de “seguridad nacional”.
Estas negativas son parte de la tendencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que consiste en obstaculizar el acceso a la información sobre temas de interés nacional, opacidad denunciada por periodistas y organizaciones no gubernamentales.
Los datos corroboran los señalamientos: de acuerdo con una solicitud de información, y con estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en los últimos cuatros años aumentaron los recursos de revisión –es decir, las inconformidades– interpuestos por los solicitantes contra las dependencias federales por negar información o porque entregan datos que no corresponden a lo requerido.
De acuerdo con el Inai, si entre 2016 y 2018 se registró un promedio anual de 9 mil 189 recursos contra los sujetos obligados a escala federal, de 2019 a 2022 el promedio fue de 17 mil 173 registros. Sólo el año pasado la dependencia consignó 22 mil 206 reportes.
En las secretarías federales se observa un aumento de recursos de revisión en los últimos cuatro años respecto de años anteriores. De mayor a menor, presentan números rojos las de Educación Pública, de Salud, de la Función Pública y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Les siguen las secretarías de Hacienda, de la Defensa Nacional, de Gobernación, de Medio Ambiente, de Relaciones Exteriores, de Agricultura y de Bienestar.
En el caso de la SEP, por ejemplo, el Inai anota mil 628 recursos de revisión de 2015 a 2018. De 2019 a 2022, el número aumentó a 2 mil 447.
La Secretaría de Salud (Ssa) reporta en los mismos periodos, respectivamente, mil 826 contra mil 950. La Secretaría de la Función Pública (SFP), 861 contra mil 582. La Sedena, 686 contra mil 530. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 362 contra mil 97.
Otras dependencias federales tienen un aumento importante, en particular las áreas de salud. Son los casos del IMSS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El IMSS tiene el dato más alto. De 4 mil 55 recursos de revisión en la pasada administración, pasó a 6 mil 278 en la presente.
También hay más inconformidades contra la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Reguladora de Energía, Oficina de la Presidencia de la República, Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el mismo Inai.
Argumento recurrente
Los datos del Inai revelan cuáles son los sujetos obligados con más respuestas negativas por “referirse a información clasificada”. En la lista se encuentra, en primer lugar, el IMSS, que entre 2021 y 2022 alegó este argumento 2 mil 620 veces. Le siguen SAT, SFP, FGR, CJF, CFE, Cofepris, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), SRE y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Auditoría Superior de la Federación, Ssa, Secretaría de Hacienda, Pemex, Conagua, Instituto Nacional de Migración, Segob y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
