Nuevo León.- Tres empresas, un camino…
Esta semana quedó expuesta una triangulación de 202.9 millones de pesos que involucra al el despacho jurídico del cual es socio el Gobernador Samuel García.
La maniobra entre las dos compañías y el despacho del que el Mandatario forma parte y recibe ingresos fue implementada desde el arranque de la actual Administración en octubre de 2021, según se desprende de información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la que Grupo REFORMA tiene copia.
La documentación indica que, entre octubre de 2021 y noviembre de 2023, la empresa Suministro MYR facturó al Gobierno emecista 964.7 millones de pesos por servicios de alimentación en los penales, campos policiales, comedores de otras dependencias y eventos.
MYR, por su parte, facturó a su empresa “hermana” Proveedor de Productos Mexicanos Jace, 237.2 millones de pesos en ese mismo periodo por supuestos servicios de administración corporativa.
Mientras que en el último eslabón de la cadena Jace pagó 202.9 millones de pesos a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho integrado por el Gobernador y su padre, Samuel García Mascorro, bajo el concepto general de honorarios por servicios profesionales, sin especificar los servicios recibidos.
Sin objetar la veracidad de los pagos ni que la facturación entre Jace y su despacho comenzó hasta días después de arrancar su sexenio, García afirmó en rueda de prensa que la relación con su cliente empezó en 2017.
No obstante, la información obtenida apunta que no fue sino hasta septiembre de 2021 cuando Jace y Firma Jurídica y Fiscal Abogados comenzaron a facturar.
Recibe pagos… ¿4 años después?
La investigación señala que los pagos al despacho comenzaron el 15 de octubre del 2021, sólo 11 días después de que la administración de Samuel comenzara.
Tras la toma de protesta, Jace emitió una primera factura por 32 mil 828 millones de pesos. Al año siguiente emitió 14 facturas por más de 98 mil 999 millones.
Seis años después del supuesto convenio con Jace, la firma recibió, de febrero a noviembre de 2023, 11 pagos más de hasta 23.2 millones, según el SAT.
“Lo veíamos venir, porque desde ayer el candidato de la vieja política (a quién no nombró) anda en medios, ya obviamente en campaña previendo que su Fiscalía dé golpes a un servidor”, dijo Samuel durante su conferencia.
“Yo aquí te digo: somos incorruptibles”, aseveró.
En un comunicado, el Gobernador también se deslindó del presunto desvío con el argumento de que MYR ya había sido proveedora de servicios de alimentos durante la Administración de Jaime Rodríguez, y acusó que se trataba de un montaje.
“El origen de esta nota es un montaje, y luego, una filtración hecha por la Fiscalía del Estado, manejada por la vieja política, que desde enero ha estado investigando a las empresas de mi familia, como una forma de presionar, extorsionar y difamarnos durante este proceso electoral”, acusó.
Sin embargo, desde julio del 2022 REFORMA había solicitado al Registro Público local el historial y los movimientos de las sociedades civiles en las que participan el Gobernador y su familia, incluyendo la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, pero la dependencia estatal las negó, alegando que no encontró esos archivos.
¿Qué vínculos tienen MYR y Jace?
De acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, MYR y Jace son compañías “hermanas” en las que miembros de una misma familia participan como socios y apoderados.
Constituida en el 2010 en Tabasco, MYR fue adquirida en el 2014 por José Antonio Álvarez López y otras dos personas físicas. Dos años después ingresó como accionista Mariana Álvarez Ibarra, hija de Álvarez López.
Su giro original era tan variado que incluía desde la compra venta de materias primas forestales, comercialización de artículos de oficina, hasta elaboración de proyectos y asesorías para Gobiernos de los tres niveles.
Pero no fue sino hasta 2022 cuando se incorporó como giro principal la prestación de servicios de alimentación en comedores industriales, restaurantes y sector público.
En cuanto a Jace, la empresa fue constituida en febrero del 2006 en Tamaulipas y en el 2011 fue trasladada a Puebla.
Entre sus accionistas figuraban Álvarez López y su esposa, Cecilia Eugenia Ibarra Valencia, quien fue designada como administradora única de la sociedad.
En diciembre del 2021, se asentó ante el Registro Público un acta de asamblea del 2015 en la que Álvarez López donó acciones a otra hija, Carlota Elena Álvarez Ibarra.
Desde entonces no se ha publicado algún otro movimiento accionario en la compañía.
