Cd. México.- El Coronel Rafael Alejandro González Hernández, ex subdirector de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), enfrenta un proceso penal por presuntamente contratar en forma ilegal impermeabilizantes por más de 252 millones de pesos, en 2019, de los cuales más de 179 millones se transfirieron a un subalterno.
Al coronel ingeniero Rafael Alejandro González Hernández se le acusa de 7 supuestas ilegalidades en la contratación de impermeabilizantes, pero no del desvío del dinero a las cuentas de su subordinado, el capitán ingeniero constructor Jorge Luis Aparicio Rojas.
El 3 de mayo de 2019, González Hernández, entonces Subdirector de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena, contrató a la empresa Sinergia Integral Cristowen para impermeabilizar 587 mil metros cuadrados de las 12 Regiones Militares del país, por un monto de 252 millones 856 mil 30 pesos.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Militar, la primera de las 7 irregularidades del contrato es que el Coronel no contaba con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para suscribirlo.
Tampoco publicó en Compranet, como era su obligación, los trámites de la contratación, la investigación de mercado, la invitación a cuando menos tres personas y el fallo de la adjudicación a Sinergia Integral Cristowen.
Otra anomalía fue que González Hernández firmó con el representante de la proveedora un “convenio de colaboración” que cedió los derechos y obligaciones del contrato a su subordinado, el Capitán Aparicio, a quien le transfirieron 179 millones 374 mil 581 pesos.
Dicho acuerdo dejó a cargo de Aparicio la adquisición de las herramientas de consumo, la mano de obra para la aplicación de la impermeabilización y realizar los trabajos de mantenimiento preliminares, en su calidad de coordinador de los trabajos de impermeabilización y pintura de la Dirección General de Ingenieros.
Dicho convenio fue firmado al margen de la Ley de Obra Pública, contraviniendo el artículo 46, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el numeral 3.5.3 de la invitación a cuando menos tres personas”, dice la Fiscalía castrense.
La autoridad ministerial también le reprocha al Coronel no haber exigido la presentación de la póliza de fianza de garantía de cumplimiento, equivalente al 10 por ciento ante el IVA en el monto total del contrato, “favoreciendo a la empresa al no garantizar el cumplimiento”.
Adicionalmente, tampoco habría realizado el levantamiento de las actas de incumplimiento en contra de la empresa para la aplicación de las penas convencionales en que incurrió la moral de referencia.
Otro hecho que acusa de indebido es que, después de suscribir el contrato, el Coronel ordenó a las comandancias de las 12 Regiones Militares “que le pagaran a la empresa de referencia los trabajos de impermeabilización cuando estos no se habían materializado”.
Finalmente, al acusado le atribuyen haber designado a su subordinado como coordinador de los trabajos de impermeabilización y pintura de la Dirección General de Ingenieros y, responsable de la vigilancia y supervisión, así como de ejecución y cumplimiento de los trabajos de mantenimiento preliminar.
Cabe decir que la Unidad de Inteligencia Financiera fue la que detectó el primer indicio de ilegalidad, al descubrir que más de 179 millones de pesos fueron depositadas en las cuentas del capitán Aparicio en BanCoppel y Banjército, entre mayo y junio de 2019.
Así, el coronel González Hernández enfrenta un proceso legal por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en el Segundo Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar, en la Ciudad de México, el cual lleva en libertad provisional.
