Cd. México.- Ante la incertidumbre sobre el marco jurídico, se secó el negocio petrolero y del gas que la banca privada tenía en México con empresas que voltearon a ver al país a raíz de la reforma energética de 2013.
Actualmente, 99.3% del crédito que la banca comercial había colocado en el momento de auge de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto se desvaneció, de manera que las empresas privadas ya no solicitan préstamos.
De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), al cierre de agosto de 2023 la cartera de crédito vigente de la banca comercial a las empresas privadas de petróleo y gas se ubicó apenas en 43 millones de pesos.
Esta es una contracción de 89.6% en términos reales respecto a los 414.6 millones de pesos que había como saldo al cierre de agosto de 2022, y también es una reducción real de 99.3% respecto a los 6 mil 196 millones de pesos registrados en enero de 2016.
Expertos señalan que esto obedece al cambio de política energética para privilegiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre jugadores privados, así como por los temores que enfrentan las empresas extranjeras de ver alterados los contratos que ganaron en rondas petroleras desde 2015.
Así, las compañías han salido cada vez más del negocio y han liquidado sus deudas ante la incertidumbre que representa tener contratos en México, coinciden.
En diciembre, enero y febrero previos, incluso, el saldo colocado se ubicó en cero.
Modificación de reglas
Para Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, se trata de un problema de demanda.
“Ya no hay empresas que quieran entrar a este negocio por la política de esta administración y, por lo tanto, ya no solicitan crédito. Este negocio para los bancos se secó porque hay tasas de interés altas por el incremento de riesgos, que se junta con que las empresas ni siquiera están solicitando porque no hay proyectos para el sector privado”, dijo a EL UNIVERSAL.
Abril Moreno, experta en el sector por la consultora Perceptia 21, explicó que el sector energético quedó inmerso en la incertidumbre luego de que el actual gobierno quitara un yacimiento descubierto en la administración pasada por Talos Energy, firma privada.
“Hay falta de confianza porque el gobierno tomó acciones como Zama, el cual fue descubierto por Talos Energy, pero la Secretaría de Energía impuso en 2019 a Pemex como operador. Cuando estas acciones suceden, las empresas tienen incertidumbre a pesar de contratos que se habían firmado con antelación”, agregó.
Las empresas proveedoras y contratistas solicitan estos préstamos para atender obligaciones que contrajeron de otras firmas más grandes, incluso como Pemex.
Verónica Zepeda, catedrática de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), expuso que estos problemas se suman a la falta de pago de la petrolera, los cuales hasta agosto se habían duplicado.
“Vemos diversos factores que impactan las finanzas de estas empresas, como son la falta de pagos por parte de Pemex, y ahora el incremento en las tasas de interés en los créditos que solicitan para atender, incluso, este impago de la petrolera. Y es que a pesar de que Pemex no ha pagado sus servicios, deben continuar operando”, dijo.
“El encarecimiento de los créditos también implica sobrecostos, por ejemplo en el caso de la refinería Dos Bocas”.
Menor margen de maniobra
Manuel Valencia, académico del Tec de Monterrey, destacó que este problema afecta al sector privado y tiene que ver con la lógica de fortalecer a Pemex en detrimento de las empresas privadas, por la actual política energética del gobierno.
“No contar con crédito limita el margen de maniobra de las empresas privadas y, por otro lado, las empresas productivas del Estado son ineficientes, caras y sangran las finanzas públicas”, destacó.
“Se ha abandonado a la inversión privada, mientras la inversión pública se ha centrado en refinerías y pozos petroleros que no respetan normas ambientales y que no garantizan bajas emisiones ambientales, sino que están en contra de tratados y normas internacionales de transición a energías limpias”.
Los expertos coinciden en que tener un sector privado débil, sin acceso al crédito, con temores a la inversión por la incertidumbre regulatoria y que no recibe pagos por parte de Pemex, así como estigmatizado por el discurso de saqueo, limita en definitiva la producción del sector energético, beneficios a la población y la transición energética hacia fuentes de energía limpia.
Datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) al cierre de agosto de 2023 arrojan que la producción de las empresas que habían ganado contratos en las rondas petroleras de la administración pasada se ubicó en 109 mil barriles diarios, nivel que se ha estancado durante un año.
