Las leyes que prohíben el aborto, y que se establecieron en algunos estados en caso de que se anulara el fallo Roe vs. Wade, entraron en vigor de manera automática el viernes luego de la decisión que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos. La reacción en todo el país siguió predeciblemente las tendencias políticas.
Mississippi es uno de 13 estados, principalmente en el sur y el centro-norte de Estados Unidos, que ya tienen leyes para prohibir el aborto o restringirlo a realizarse dentro de las primeras seis semanas de embarazo. Los otros son Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Missouri, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.
En Kentucky, Louisiana y Dakota del Sur la prohibición comenzó inmediatamente después del anuncio de la Corte Suprema. En los demás, las leyes entrarán en vigor en máximo 30 días.
Otra media docena de estados tienen prohibiciones casi totales o prohibiciones después de las seis semanas de gestación, antes de que muchas mujeres siquiera sepan que están embarazadas.
Las clínicas en estados como Alabama, Texas, Wisconsin y Virginia Occidental dejaron de realizar abortos por temor a que su empleados fueran procesados judicialmente, haciendo que las pacientes se fueran de sus instalaciones con lágrimas en los ojos.
En Virginia Occidental y Wisconsin existen prohibiciones que datan del siglo XIX. Ese riesgo de ser procesado por una disposición del siglo antepasado que prohíbe el aborto y lo castiga con la cárcel fue lo que llevó al Centro de Salud de la Mujer de Virginia Occidental a dejar de realizar el procedimiento.
El gobernador de Virginia Occidental, el republicano Jim Justice, aseguró que no dudará en convocar a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria si es necesario aclarar la prohibición.
En Ohio, un juez federal anuló un interdicto, permitiendo que entre en vigor una ley estatal de 2019 que prohíbe la mayoría de los abortos desde que se detecta el primer latido del corazón del embrión.
El gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, prometió buscar la prohibición de los abortos después de las 15 semanas de gestación.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, un republicano conservador considerado con mucha frecuencia como posible candidato a la presidencia en 2024, tuiteó: “La Corte Suprema ha respondido a las oraciones de millones y millones de estadounidenses”.
En Alabama, las tres clínicas de aborto del estado dejaron de realizar el procedimiento por temor a que los proveedores fueran ahora procesados por una ley que data de 1951.
Las clínicas de aborto de Arizona también dejaron de realizar procedimientos mientras intentan averiguar en qué medida una ley anterior a la creación de ese estado —antes de 1912— implica que los médicos y las enfermeras ahora se enfrentan a penas de prisión.
En Texas, las clínicas no sabían qué ley debían seguir: una prohibición de 1925, una ley de 2021 que limita los abortos a las primeras seis semanas de embarazo, o una ley de activación automática que prohíbe el procedimiento tajantemente, pero que no entrará en vigor hasta dentro de un mes o más.
La confusión hizo que suspendieran los abortos en lo que hacen consultas jurídicas.
El fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, advirtió que podrían ser procesados de inmediato por realizar abortos bajo la prohibición de la era de la Ley Seca, que conlleva de dos a cinco años de prisión.
Idaho prohibirá el aborto salvo en casos de violación o incesto denunciados, o para proteger la vida de la madre. Oklahoma y Dakota del Sur ya habían suspendido el procedimiento en el último mes.
Unos 73 millones de personas viven en los estados en los que no se puede interrumpir el embarazo; es decir, más de una quinta parte de la población de Estados Unidos.
Mientras tanto, los gobernadores demócratas de California, Washington y Oregon prometieron el viernes proteger los derechos reproductivos y ayudar a las mujeres que viajen a la Costa Oeste en busca de practicarse un aborto tras la decisión de la Corte Suprema.
“El estado de Washington sigue firme en su compromiso de proteger la capacidad y el derecho de cada paciente que llegue a nuestro estado con necesidad de atención al aborto”, dijo el gobernador Jay Inslee.
En California, los demócratas que controlan el gobierno estatal han pasado el último año preparándose para un mundo post-Roe. Comenzaron en septiembre, cuando el gobernador Gavin Newsom declaró a la entidad como un “estado de libertad reproductiva” y estableció un grupo de activistas por el derecho al aborto para examinar las leyes locales sobre el aborto y averiguar cómo reforzarlas.
El resultado fue un paquete de 13 proyectos de ley que se están tramitando en la legislatura este año. Es probable que Newsom firme uno de ellos el viernes: una medida destinada a proteger a los proveedores de abortos y voluntarios de las sentencias civiles impuestas por tribunales de otros estados.
Oregon también protegió el derecho al aborto. La ley estatal se actualizó en 2017 y permite el aborto tardío y exige que los seguros médicos privados y el Medicaid estatal cubran el procedimiento. Un fondo de 15 millones de dólares establecido por los legisladores estatales este año cubre los costes de los proveedores de abortos y de las pacientes sin seguro de gastos médicos o que viajan desde fuera del estado.
“No importa quién seas o de dónde vengas, Oregon no rechaza a nadie que busque atención médica”, dijo Kate Brown.
La gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, un estado en el que el aborto está disponible con pocas restricciones, calificó el fallo como una “guerra contra las mujeres” y se comprometió a ser un “muro de ladrillos” para ayudar a preservar el derecho.
En Illinois, el gobernador J.B. Pritzker prometió mantener el acceso al procedimiento. Encuestas de opinión pública revelan que la mayoría de los estadounidenses se oponían a la anulación del fallo y a que la cuestión de permitir el aborto quede totalmente en manos de los estados.
Los sondeos realizados por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y otros han mostrado que sólo 1 de cada 10 estadounidenses quieren que el aborto sea ilegal en todos los casos.
